“Me gusta estar aquí, pero ya no hay forma de quedarse”, dice, resignada, Maria Pereira dos Reis, una anciana de 81 años y una de las últimas habitantes de Santos Reis, una pequeña comunidad en el centro de Brasil convertida en zona fantasma por los impactos de las excavaciones de una mina de oro.

Sin devotos que asistan a la iglesia, los comercios desaparecidos y la mayoría de sus casas convertidas en escombros, Santos Reis se presta a morir tras 27 años de existencia.

Esta comunidad rural ubicada a unos 350 kilómetros al noroeste de Brasilia yace a unos 200 metros de Serra Grande, un gigantesco complejo minero de la sudafricana AngloGold Ashanti, que cuenta con galerías abiertas a diferentes niveles, alcanzando más de 600 metros de profundidad.

Los procesos de excavación y voladura subterránea causan un gran volumen de polvo, que se dispersa por varios conductos de ventilación, uno de los cuales cercano al barrio donde vive Maria Pereira.

Según las denuncias presentadas por los vecinos, muchas personas desarrollaron problemas pulmonares, que se suman a otros riesgos para la salud, como la contaminación acústica por las explosiones, y deslizamientos de rocas.

El caso de Santos Reis, no obstante, es uno entre numerosos ejemplos de afectados por actividades mineras en Brasil en los últimos años.

En Maceió, capital del estado de Alagoas (noreste), cinco barrios residenciales, donde viven unas 60,000 personas, fueron sentenciados al mismo destino y en algunos ya se siente el eco del vacío, después de que una excavación afectase recientemente a la estabilidad del suelo.

Ni que hablar de lo ocurrido en Brumadinho en el 2019, donde 270 personas murieron en el 2019 tras la ruptura de una presa de residuos químicos de Vale, que provocó un mar de lodo que en cuestión de segundos sepultó viviendas aledañas y parte de las instalaciones de la propia empresa.

“Negligencia de todos”

La comunidad de Santos Reis, en el municipio de Crixás, se asentó en 1995, nueve años después de que comenzaran las operaciones de Serra Grande, que supone el motor económico de la región, donde genera unos 2,000 empleos directos.

Con 198 parcelas iniciales se levantó sin saneamiento básico ni planificación para evitar el impacto creciente de la actividad minera, lo que llevó a las autoridades municipales a solicitar apoyo para retirar a los habitantes del lugar, según consta en un documento del Ministerio Público.

Las quejas de los habitantes por la falta de servicios esenciales y los impactos de la minería en sus hogares se volvieron cada vez más constantes y llevaron a alcanzar un acuerdo de reubicación en el 2018.

Según dijo el secretario de Medio Ambiente de Crixás, Carlos Borges, los impactos de la actividad minera sobre esa zona son muy fuertes por la cercanía de la mina (polvo continuo, elevado ruido de las máquinas y permanentes temblores “como si fuera un terremoto”).

No obstante, aseguró que lo sucedido con Santos Reis “fue negligencia de todos”.

Fruto de esta negligencia, aparentemente se han malgastado los fondos que ha recibido el municipio como compensación por la extracción mineral, que ascienden a 33.9 millones de reales (unos US$ 6.4 millones) entre el 2013 y 2018, según denuncian los sindicatos.

“Si usted mira hoy la ciudad de Crixás no ve ninguna obra de impacto de la empresa”, advierte Joao Luís Araújo, presidente del sindicato minero regional.

Araújo también critica la forma en que se dieron las negociaciones para la reubicación de la comunidad, pues considera que “no se pagó el valor debido” por el desconocimiento de los habitantes.

“La gente del sector debería haberse movilizado más a su favor, con personas que tienen conocimiento del área para no salir lesionados”, enfatizó.

El acuerdo

Las negociaciones para el traslado de los habitantes de Santos Reis se hicieron de forma individual con Serra Grande basadas en un plan elaborado por una firma propuesta por el complejo minero, que “fue discutido y construido de forma participativa” por todas las partes, según consta en el documento del Ministerio Público.

Al respecto, la Anglogold señaló que el proceso de reubicación de los habitantes de Santos Reis comenzó “a pedido de la propia comunidad” y dijo que la mayor parte de las reubicaciones se dio entre el 2018 y 2021, mientras que este año finalizaron las negociaciones que estaban pendientes.

“El objetivo era mejorar las condiciones de vivienda de las familias que ocupaban la región, ya que el sector no contaba con la infraestructura adecuada”.

EFE