La tensión que se vive en carreteras, cerros, yacimientos de hidrocarburos o minas no está dinamitando Perú, pero sí está erosionando y crispando el ambiente en un país en el que los conflictos sociales, muy ligados la mayoría a la extracción de recursos, repiten un patrón similar.

El último informe de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Consejo de Ministros afirma que, en los que va de año y hasta finales de abril, se contabilizaron 118 casos de conflictividad activos en el país, de los que nueve tienen la etiqueta de “crisis”.

Estas son algunas de las claves de la situación:

1- La minería

Las cifras del informe muestran que el 57% de los conflictos en Perú están relacionados con la minería, a lo que suma otro 3% con la minería ilegal, en un país en el que el 10% de su PBI depende de este sector.

No es el único, pero el conflicto en la gran mina de cobre de Las Bambas, que lleva años en curso y que enfrenta los intereses de las comunidades de la zona con la empresa MMG es el más intenso. Ese yacimiento produce el 2% del cobre mundial y su operación está paralizada desde el 20 de abril.

“Hay compromisos pendientes en Las Bambas. El asunto es que lo que está en juego en el sector minero es cómo se reparten los beneficios de la minería, si van a ser principalmente para la empresa minera, parcialmente para el Estado y el gobierno local”, dijo la investigadora María Isabel Remy, titular principal en el Instituto Estudios Peruanos.

2- Un gobierno sin voluntad represiva

“Políticamente, un gobierno de izquierdas o que se autodenomina de izquierdas no va a entrar a reprimir a sangre y fuego, pero tendría que tener un par de cosas que no tiene; por una parte, una buena capacidad de gestión de conflictos y un tecnología de control de conflictos por medios no letales”, afirmó Remy.

Así, la toma de carreteras en Ica o Huancayo en abril pasado durante las protestas por el alza de precios o el asalto a una sede del Poder Judicial en una manifestación en Lima contra un intempestivo toque de queda, tuvieron como respuesta una actuación pasiva de las fuerzas del orden.

A juicio de Remy, el Gobierno se debate entre no querer y no poder “controlar a las fuerzas del orden”, lo que genera “una oportunidad de que la acción colectiva no va a ser fácilmente reprimida”. A eso se suman las expectativas creadas por las personas que votaron a Castillo con la esperanza de que este se pusiera del lado del pueblo, como prometía durante la campaña.

3- Lucha por recursos naturales y territorio

Además de la minería, la extracción de otros recursos centra parte de la tensión social. El 10% de los conflictos están relacionados solo con los hidrocarburos y, muchas veces, estos son socioambientales; es decir, tienen un impacto en las comunidades y en los ecosistemas.

Uno de los nueve conflictos catalogados en el nivel de “crisis” es el vivido en abril en plena selva amazónica, en el departamento de Loreto, donde un lote de la empresa Pluspetrol enfrenta a las comunidades de la zona con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas por la gestión entre la compañía y el Ejecutivo.

El paro de una comunidad campesina por la contaminación del río Vado por parte de una minera, o las quejas y protestas de pueblos por vertidos de hidrocarburos forman parte del paisaje de la conflictividad peruana.

4- Ausencia de organizaciones

La conflictividad social en Perú está asociada a la ausencia de sindicatos, organizaciones, federaciones o asociaciones formales y fuertes que representen de forma lícita los intereses de trabajadores, comunidades o colectivos.

“Las organizaciones de segundo grado que existían en el país prácticamente han desaparecido. Ya estaban en una crisis muy fuerte antes de la pandemia pero la articulación y coordinación sobre todo en el ámbito rural se ha venido abajo”, señaló Remy.

Este hecho no solo dificulta y ralentiza la gestión de los conflictos, sino que empuja a que actores informales puedan aprovecharse de la situación. Es un fenómeno que impulsa a que personas externas se acerquen a los conflictos para asesorar o guiar a las comunidades o pequeñas agrupaciones informales y así obtener beneficios económicos.

5- Inestabilidad política

Un factor que, sin duda, agrava la situación es el continuo cambio de gobiernos y ministros, así como el reemplazo de altos funcionarios y responsables de distintas instituciones, lo que provoca que la gestión de los conflictos no tenga un seguimiento sólido y las negociaciones cambien de interlocutores continuamente.

En diez meses de gestión, Castillo ha cambiado cinco veces de ministro de Energía y Minas y, el último reemplazo, fue el pasado 23 de mayo, en pleno conflicto de Las Bambas.

Además de la inestabilidad, la actual desconexión entre el Gobierno y el Congreso dificulta la misión legislativa y la aprobación de nuevas iniciativas.

EFE