La conflictividad ya no solo afecta a proyectos mineros, algo que podía esperarse en años o décadas pasadas, sino que ha ‘saltado’ a las fases de operaciones de las minas. Así lo advierte Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), quien conversó con Perú21 sobre la situación que atraviesa el sector.

Luego de lo observado en el bloqueo que paralizó Cuajone y la invasión a Las Bambas, ¿en qué situación se encuentra la minería en estos momentos?

Estamos en un momento de gran preocupación porquelo que vemos nosotros es que la conflictividad alrededor de las operaciones mineras está aumentando de manera descontrolada. Antes los proyectos eran los que solían tener los conflictos sociales. Muchas veces sucedía que, antes de empezar a hacerse algo nuevo (un proyecto), las comunidades alrededor de la zona estaban preocupadas y querían tener algún tipo de conversación y se discutía sobre el programa social que se había planteado para la comunidad cercana al proyecto en el área de influencia directa. Pero en los últimas semanas o meses estamos viendo que se ha pasado de esta situación, que se veía en proyectos, a operaciones existentes específicamente.

Hasta la semana pasada se contaban al menos 27 daños materiales en Las bambas. ¿Hoy cuántos se cuentan?

Se tenía un punto (27 daños) y ahora es incluso peor. Y, además, hay una actitud muy intransigente de parte de la comunidad porque están pidiendo que se suspenda el estado de emergencia para iniciar un proceso de diálogo, que, además, durante ese proceso de diálogo no opere la operación minera, y yo creo que eso es un exceso total. En primer lugar, la operación minera es justamente lo que permite el sustento de los 8,000 trabajadores y las familias de estos de Las Bambas y de los aproximadamente 70,000 proveedores, de los cuales más de la mitad vive entre Apurímac y Cusco. Entonces también hay que tener un poco de proporción. O sea, se puede llevar un proceso de dialogo, se puede llevar una conversación, pero dentro de cierto nivel de racionalidad y en este caso confiscar o impedir que se efectúe una operación, que es algo, entre paréntesis, ilegal.

La comunidad pide que se elimine el estado de emergencia para acceder a la mesa de diálogo. ¿El gobierno debería ceder o estaría fuera de lugar?

Creo que estaría fuera de lugar. Creo que el Gobierno más bien debe llevar adelante de manera adecuada un plan de pacificación de la zona. Para eso hay elementos dentro del Estado de derecho. Está, por ejemplo, la Fiscalía de Prevención del Delito que puede intervenir. La Policía Nacional en muchos casos lo puede hacer de manera adecuada, para que se mantenga la tranquilidad que se necesita para iniciar un proceso de diálogo. No se puede conversar con una situación en la cual hay una presión de tipo violentista.

Hubo un ataque a una de las máquinas de la planta concentradora de Las Bambas. ¿De qué manera se afecta la producción de una unidad minera como esta con un daño de esta magnitud?

Siempre depende de qué es lo que se ha dañado, pero en realidad acá lo que debemos tener claro es que esta es una operación que todos los días produce 8 millones y medio de dólares para ser exportados. Entonces, si algo dentro de este proceso productivo impide esa producción, eso es lo que está costando diariamente en cuanto a exportación. En impuestos es otro tanto muy importante. Y de esos impuestos, más de la mitad van a las regiones donde está la mina, o sea, los mismos apurimeños están siendo perjudicados por esta situación que está generando un grupo de estas dos comunidades. Si bien esto es algo que va a tomar un tiempo repararlo, es importante tener presente que cada día que no opere la mina está perdiendo todo el Perú y también muy particularmente la región de Apurímac.

Hace poco los trabajadores de Las Bambas marcharon en Lima, reclamando al gobierno que solucione el conflicto. ¿Han observado cuál es el sentir de los trabajadores del sector, más allá de si son de Las Bambas o Cuajone?

Hay dos sentimientos. Uno es de preocupación porque empieza a haber estos eventos y no hay una respuesta apropiada del Estado. En el caso de Cuajone fueron más de 50 días hasta que se puso el estado de emergencia, por ejemplo (…). Y el segundo sentimiento es indignación porque claramente está siendo afectada la fuerza laboral peruana; son trabajadores peruanos, familias peruanas. En el caso de Las Bambas, 75,000 familias en total. En el caso de Cuajone más o menos son 40,000 familias que dependen de la minería.

¿Cómo avanza la situación en Cuajone?

Mañana (hoy) se va a instalar en Moquegua la mesa de diálogo. El sábado salió la resolución ministerial que creaba la mesa de diálogo en un texto que fue concertado con la compañía y la comunidad. Las dos partes han estado de acuerdo en el texto. La resolución indicaba que debía instalarse la mesa en los siguientes cinco días útiles, pero el gobierno ha visto con mucho interés la instalación esta semana y la compañía ciertamente va a asistir.

¿Cree que la politización en el Ministerio de Energía y Minas ha incidido en que al Gobierno se le salga de las manos la gestión de los conflictos sociales?

Desde nuestra percepción los equipos que manejan conflictos sociales en general en el sector público se han debilitado. No tienen las mismas habilidades (que antes). En algunos casos hay personas que no están calificadas para llevar adelante el nivel de buen componedor, que es lo que corresponde al Estado en el caso de los conflictos, pero antes de que calen actos de violencia (…). Y esto lo que genera es que los conflictos, en vez de solucionarse cuando están en su fase inicial, crezcan y que en algunos casos se vuelvan ya mucho más complicados, con ofensas.

Datos:

-“Percibo preocupación e indignación entre los trabajadores, algo que no ocurría en otras épocas. Estamos viendo a los trabajadores mineros, los de Cuajone en su momento, y hoy Las Bambas, que han estado marchando en Lima por su derecho al trabajo”.

-La actividad de Las Bambas representa el 70% del PBI de Apurímac y el 28% del empleo que genera es para esa región.