A días de cumplirse dos meses de paralización de sus actividades, la empresa Southern Perú Copper Corporation solicitó a los miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso el apoyo oportuno de las autoridades a fin de evitar el cierre de la mina Cuajone y las consecuencias económicas para el país.

Durante su participación en dicha comisión, el presidente de Southern Perú, Óscar González Rocha, y el superintendente de Relaciones Públicas, Guillermo Vidalón, señalaron que el acta firmada por la comitiva de alto nivel del Ejecutivo, la compañía minera y representantes de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, el pasado 12 de abril, no incluye el cese inmediato de la medida de fuerza tomada por los comuneros.

“Si cerramos un año, el Estado dejaría de percibir más de S/ 3,100 millones por impuestos y regalías, y se perderían 8,000 puestos de trabajo directos e indirectos. Eso es lo que queremos evitar”, indicaron.

En ese sentido, mencionaron que no hay soluciones claras ni específicas para resolver el conflicto.

“A la fecha, las autoridades han dialogado, pero no han intervenido para recuperar el orden y garantizar la seguridad de nuestros 1,300 trabajadores y sus familias”, precisaron.

Continúa el bloqueo

Southern Perú informó que, en el acta firmada tras la reunión realizada en la víspera, se exige a la empresa retirar las denuncias contra los promotores de la medida de fuerza, sin embargo, continúa el bloqueo de la vía férrea para el transporte de minerales e insumos y la toma del reservorio artificial de Viña Blanca, que abastece de agua a la operación y al campamento minero que acoge a más de 5,000 personas.

Indicaron que las denuncias de la empresa han sido realizadas directamente contra dos promotores: Dionilde Flores Calisaya, presidenta de la comunidad, e Iván Mendoza, uno de los dirigentes.

Como se recuerda, hace más de 50 días los miembros de comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala bloquearon la vía férrea, impidiendo así las actividades de la mina Cuajone.

En consecuencia, más de 5,000 personas, incluyendo trabajadores y sus familias, se ven privados del servicio regular de agua, así como su derecho al trabajo en un ambiente de inseguridad ante las acciones de los manifestantes. A ello, se suma el colapso del Hospital de Cuajone (Nivel II) y la postergación del inicio de clases presenciales en la localidad, lo cual afecta a más de 600 escolares.