La eliminación parcial de la tercerización laboral generará un impacto negativo en el proceso de reactivación económica, les restará competitividad a todos los sectores productivos y solo traerá consigo la pérdida de miles de puestos de trabajo, señalaron expertos durante el VII Encuentro “Camino al Simposium”, que organizó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Según Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), todavía tenemos una recuperación muy precaria del mercado laboral total, que las remuneraciones son bajas y hay un incremento significativo del empleo informal.
“El Decreto Supremo N° 001-2022-TR que prohíbe la tercerización en actividades ‘nucleares’ constituye un grave riesgo que impedirá la creación de empleos”, apuntó.
En esa línea, comentó que esta norma afectaría, solo en el sector minero, a las 2,069 empresas contratistas que registra el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y una parte muy significativa de los 171,000 empleos que genera la minería a través de estas compañías se perderían.
“Lo lamentable es que como país no hemos podido aprovechar el contexto buenos precios de los metales para tener un nuevo ciclo de inversiones mineras, y ahora con este Decreto Supremo se atenta contra la competitividad. Las perspectivas de inversiones futuras se verán afectadas, así como los márgenes, los tributos y transferencias del canon”, puntualizó.
Por su parte, el abogado laboralista Jorge Toyama, indicó que la norma es “anticonstitucional” y que una medida similar en México provocó la pérdida de más de un millón de empleos.
Al respecto, precisó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) válida el mecanismo de tercerización y que aquí en el Perú al limitarla se atenta contra el empleo formal y las microempresas que se verán obligadas a cerrar.
“Es un absurdo que no se pueda tercerizar actividades especializadas. El Gobierno afirma que hay abuso e injusticia con el mecanismo de tercerización, pero esto se puede cambiar con mayor fiscalización y no dando normas antitécnicas que solo provocarán desempleo”, indicó.
Durante el foro, Toyama advirtió que el propio Estado peruano se está perjudicando por la limitación de la tercerización laboral, pues hay inversionistas que se van a ir del país ante esta medida que significa un cambio en las reglas de juego y que incluso ha sido calificada como peligrosa por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Las principales afectadas por esta normativa, según la data, son las microempresas. Esta es la norma más cuestionada en la historia del Perú, es anacrónica”, dijo.
A su vez, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) sostuvo que esta norma daña a toda la industria peruana en momentos en que en el Perú no hay trabajo y que más bien las autoridades se deberían esforzar en crear condiciones que permitan la generación de empleo formal.
Consideró que este tema tiene que ser analizado en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), en el que participa el Estado, los trabajadores y los empresarios, a fin de determinar de manera técnica a qué actividades se afecta. Señaló, además, que no se ha hecho un estudio sobre cuánto le va a costar al Estado y al sector privado implementar esta norma.
“Queremos enviar un mensaje claro al Ministerio de Trabajo, los empresarios queremos dialogar y dar nuestra opinión respecto a las iniciativas laborales u otras que nos vayan a afectar”, puntualizó.
