A pesar de que recientemente, en enero, la Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI lo designó como nuevo liquidador de los activos de Doe Run Perú (DRP), el nombramiento de Consultores A-1 SAC es criticado y cuestionado. Todo ello, ad portas de la Junta de Acreedores, convocada para el día lunes 7 de marzo.

Prueba de ello es la publicación de una carta remitida al Ministro de Energía y Minas que tiene como objetivo desprestigiar a Consultores A-1 con denuncias infundadas, las mismas que ya han sido debidamente desvirtuadas. Se infiere que detrás de esta campaña estaría el ex liquidador Alta Sierra Asesores y Consultores, en virtud de una acción de amparo interpuesta en la sede judicial del Callao.

Fuentes informadas del sector, señalan que se viene tramando el cambio de Consultores A1, para colocar al liquidador Chavez Magan, quien sería un testaferro de Alta Sierra Consultores. El objetivo sería el impedimento de la realización de una auditoría económica y financiera a su gestión que se inició en setiembre de 2020.

Además, esta trama también tendría el objetivo de que el liquidador de turno, sea A1 u otro, no pueda cumplir con el pago de vigencias y penalidades del año 2021 de las concesiones mineras, ascendente a 1,3 millones de dólares. Este trámite vence el 30 de junio próximo, y su incumplimiento tendría como consecuencia que DRP pierda las 59 concesiones de la Unidad Minera Cobriza y las 39 concesiones del Complejo Metalúrgico de la Oroya, lo cual reduciría la masa a liquidar en DRP a unos cuantos miles de toneladas de chatarra.

Desde el 2012, cinco ex liquidadores dejaron un saldo de 5 subastas fallidas para la venta de Cobriza, igualmente, no pudieron atraer un inversionista para la compra del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Los acreedores relevantes que tendrán la decisión final el próximo lunes son la empresa Doe Run Cayman y el Ministerio de Energía y Minas, quienes poseen más del 66,66% del voto calificado.

La fuente señala que “de ocurrir el cambio de A1 y aprobarse el convenio, la formalización del acto en los registros públicos tomará más de dos meses, ocurrirá un fuego cruzado entre el ex liquidador y el liquidador nuevo, y se perderán las concesiones por falta de tiempo para generar un ingreso con la venta de la mina Cobriza, quedando como los grandes perjudicados 3,500 ex trabajadores”.