La Corte Suprema de Chile ordenó a un proyecto de litio que había recibido aprobaciones ambientales que realice un proceso de consulta con las comunidades indígenas antes de proceder.
En una señal del creciente escrutinio sobre la huella ambiental de la minería y el compromiso con comunidades locales, el tribunal superior anuló un fallo de una corte inferior en un caso relacionado con un proyecto en el salar de Maricunga.
El proyecto, operado por una empresa vinculada al hijo del empresario y excandidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, deberá iniciar un proceso de consulta con los grupos indígenas de la zona dados los riesgos que representaría para el suministro de agua y la contaminación de los camiones, según un documento del Tribunal fechado el 14 de febrero.
En septiembre de 2020, el proyecto recibió permisos ambientales para producir 5.700 toneladas al año de carbonato de litio, 9.100 toneladas de hidróxido de litio y cloruro de potasio.
La decisión de rescindir esos permisos es el último indicio de las dificultades que enfrentará la industria para aumentar el suministro del componente clave de las baterías recargables en un momento en que las naciones anfitrionas y cadenas de suministro están elevando sus expectativas ambientales y sociales.
Chile, el segundo mayor productor de litio, ha perdido participación de mercado en los últimos años a medida que países como Argentina atraen inversiones. Las reglas en Chile se volverán más onerosas bajo un nuevo Gobierno de izquierda y a medida que el país redacta una nueva Constitución que prioriza la protección ambiental y de los derechos indígenas.
La cuprífera estatal de Chile, Codelco, planea comenzar la exploración de litio en el mismo salar después de recibir los permisos, dijo en un comunicado el miércoles.
