La minería es la actividad productiva que mayores recursos aporta en el país. Los tributos que esta genera deben ser invertidos en educación, carreteras, agua, seguridad, salud entre otros.

Pero, pese a los recursos que recibe el Estado, producto de la minería, las poblaciones aledañas a los asientos mineros son generalmente pobres y su calidad de vida no es mejor. El Perú creó en la Constitución el “canon” para la asignación de fondos a las zonas de donde provienen los recursos naturales que se utilizan. Esto es algo que no existe en otros sectores, pues en el Perú todos los tributos se centralizan y reparten desde Lima.

El dinero del canon se ha malgastado o simplemente no se ha gastado. El responsable de ello son los sucesivos gobiernos que no han sabido darle al canon el sentido para el cual se creó: es decir, en actividades donde los trabajadores y población deberían tener bienestar y, en consecuencia, participar del éxito de un proyecto empresarial. A falta de ello, tenemos protestas, chantajes y delincuencia.

Diversos gobiernos nacionales han hecho esfuerzos para solucionar esto. Pero no han podido mejorar la falta de capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales, lo complejo de nuestra geografía o la dificultad de hacer obras y las bajas remuneraciones (o calificaciones) de quienes deben ejecutar estos proyectos.

La solución entonces debe ser otra. No debemos insistir en hacer lo que no funciona, sobre todo cuando ya se han probado fórmulas que sí lo hacen: debemos convocar al sector privado que sí tiene la capacidad de sacar adelante proyectos y este sector privado debe comprometerse a ejecutar y entregarle al Estado las obras que requieren las poblaciones, usando el dinero del canon. Una variante de las Obras por Impuestos o del Aporte Voluntario Minero, supervisados por el Estado para dotar de progreso real a los pueblos.

No hay peor cosa que tener recursos y ser pobre. Eso pasa en nuestro país. Zonas con mucho canon, como las aledañas a las zonas productoras de hidrocarburos o minería, donde las personas no tienen agua ni desagüe, caminos, educación ni salud.

¿Cuál sería la actitud frente a la minería de los pobladores de estas zonas si las empresas hicieran las obras que tanto se requieren? Es muy probable que la conflictividad sería menor y más fácil de resolver; que el país tendría menos pobres y la capacidad de realizar en paz las actividades productivas necesarias para nuestro desarrollo.

No hay peor detonante para el conflicto que la inequidad y parece que en el Perú no queremos darnos cuenta. Es hora que el Gobierno realmente comparta esta responsabilidad con el sector privado y que este demuestre que es capaz de mejorar la vida de los más pobres.

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