La mina Cobre Panamá, operada por la canadiense First Quantum Minerals, es una de las mayores inversiones extranjeras en la historia del país y una fuente clave de cobre a nivel global. Sin embargo, en noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato minero vigente, lo que llevó al cierre de la operación y provocó protestas sociales motivadas por preocupaciones ambientales.

El presidente José Raúl Mulino ha descartado la posibilidad de firmar un nuevo contrato minero con la empresa mientras esté vigente la actual Asamblea Nacional, contraria a este tipo de acuerdos. En su lugar, plantea una alternativa: establecer una “asociación real” que refleje que la mina pertenece a Panamá, aunque cualquier futura negociación deberá pasar por el filtro del Congreso y la Corte Suprema, además de enfrentar el escrutinio de grupos ambientalistas.

El cierre de la mina ha tenido repercusiones económicas notables. La Cámara Minera de Panamá estima que se han perdido más de 54,000 empleos indirectos desde que cesaron las operaciones. Por su parte, Mulino ha expresado su preocupación ante la pérdida de una fuente importante de ingresos y generación de empleo para el país.

A pesar de la complejidad del contexto, First Quantum decidió retirar su demanda de arbitraje internacional por 20 mil millones de dólares contra Panamá, lo que ha sido visto por algunos analistas como una señal positiva. No obstante, la eventual reapertura de la mina requerirá de múltiples consensos institucionales y sociales, por lo que el panorama sigue siendo incierto.

Con esta nueva postura, el gobierno de Mulino busca reafirmar la soberanía del país sobre sus recursos naturales, sin cerrar del todo la puerta a una colaboración con actores internacionales. El desafío estará en encontrar un equilibrio entre desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y estabilidad política, en medio de un clima social aún marcado por la desconfianza hacia la minería.