La situación en Pataz, en La Libertad, sigue generando incertidumbre, especialmente después de los recientes atentados terroristas contra las instalaciones de la minera Poderosa, que han dejado varias víctimas. La pregunta que se hacen los ciudadanos es clara: ¿qué está haciendo el Gobierno para solucionar este problema? A pesar de los esfuerzos por aumentar la presencia policial o declarar estados de emergencia, la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente, con una clara percepción de ausencia o ineficacia.

En este contexto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, visitó Pataz para supervisar el despliegue de las fuerzas del orden y la construcción del fuerte policial y puestos de vigilancia en los accesos estratégicos a la zona minera. Según su Oficina de Prensa, la primera de estas instalaciones comenzará a operar a finales de abril, con un fuerte que albergará a 180 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, además de un puesto de control destinado a vigilar el movimiento de minerales por carretera.

Sin embargo, la minera Poderosa ha señalado que el Gobierno no ha cumplido con los plazos acordados para la implementación de este fuerte policial. Aunque la estructura de 2,000 metros cuadrados fue originalmente una inversión del Ejecutivo, fue la minera quien asumió los costos, invirtiendo 2 millones de dólares, más 1 millón de soles adicionales para la adecuación del terreno. Según fuentes cercanas, el fuerte está prácticamente listo, con un avance del 95%, y solo faltan los acabados y las conexiones a Internet.

El Gobierno, por su parte, ha prometido desplegar 180 efectivos policiales en el nuevo fuerte, pero todavía está avanzando en los trámites internos necesarios para emitir la resolución que formaliza la creación de esta dependencia. Desde 2023, el entonces ministro del Interior, Víctor Torres, aseguró que 180 policías ya estaban destacados en Pataz para enfrentar a las organizaciones criminales, pero los ataques continuaron.

En los puestos de control también se integrarán representantes de otras entidades como Sunat, Sucamec y Sunafil, y se tiene previsto la instalación de un helipuerto y un Centro de Flagrancia, que albergará tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, con el fin de fortalecer la presencia del Estado en la zona y mejorar la respuesta ante los hechos delictivos.