Las recientes declaraciones de Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMEP), durante su participación en la convención PDAC 2025, han puesto en evidencia puntos clave para el futuro del sector minero en el Perú. Aunque sus observaciones abordan cuestiones de relevancia, es esencial profundizar en varios aspectos para obtener una visión más completa y precisa de la realidad minera en el país.
Un tema central en su discurso es el destrabe de inversiones, un factor esencial para el crecimiento del sector. Sin embargo, Torreblanca resalta que el impulso a las inversiones no debe concentrarse únicamente en la gran minería, sino también incluir a la pequeña y mediana minería, sectores que operan bajo un marco regulatorio restrictivo y con condiciones de competitividad desfavorables. En otros países como Alemania, la coexistencia de minería de diferentes escalas es una práctica consolidada, lo que demuestra que un enfoque inclusivo puede ser altamente beneficioso para la economía y el desarrollo social.
En cuanto a la competitividad minera, Torreblanca menciona que Argentina ha logrado avances significativos, a pesar de no contar con el mismo potencial geológico que Perú. Sin embargo, esto no es consecuencia de una mayor dotación de recursos naturales, sino del diseño de un marco regulatorio que facilita la inversión en todos los niveles del sector. Por otro lado, la SNMEP ha adoptado una postura que tiende a asociar a la pequeña minería con la ilegalidad, lo que crea tensiones innecesarias y limita el desarrollo de este segmento que podría contribuir enormemente al crecimiento económico del país.
Otro aspecto clave señalado por Torreblanca es la relación entre inversión y seguridad jurídica. Si bien el sector minero ha demostrado ser altamente rentable, con empresas en Trujillo, como las de Pataz, siendo algunas de las más rentables, el verdadero reto se encuentra en la falta de seguridad jurídica. Casos de corrupción e investigaciones infundadas han afectado la reputación de empresas mineras, creando un ambiente de incertidumbre legal. Esta situación no solo desincentiva nuevas inversiones, sino que también erosiona la confianza en las instituciones encargadas de regular el sector.
La confusión entre minería ilegal e informal también ocupa un lugar importante en el discurso de la SNMEP. Este error conceptual afecta particularmente a la pequeña minería, que a menudo opera en un limbo regulatorio debido a la falta de mecanismos efectivos para su formalización. La confusión persistente entre ilegalidad e informalidad, ejemplificada en casos como el de la empresa La Poderosa, no contribuye a una solución estructural. En cambio, perpetúa el estigma sobre un sector que, con la regulación adecuada, podría ser un motor clave para el desarrollo económico del país.
La pequeña minería juega un rol estratégico en el desarrollo nacional, generando empleo y fomentando el crecimiento de economías locales. A pesar de su importancia, las políticas actuales siguen favoreciendo a las grandes empresas mineras, lo que deja de lado el potencial de crecimiento de la pequeña minería. Un modelo extractivo más inclusivo y equitativo podría equilibrar el sector, promoviendo una mayor inversión interna y beneficiando a las comunidades cercanas a las zonas mineras.
Las declaraciones de Torreblanca abren un debate crucial sobre el futuro de la minería en Perú. Es necesario que los esfuerzos para destrabar inversiones, mejorar la competitividad y garantizar un entorno favorable para todos los niveles de minería se conviertan en prioridades. Solo a través de la garantía de seguridad jurídica, la correcta diferenciación entre ilegalidad e informalidad, y el reconocimiento del rol estratégico de la pequeña minería, el Perú podrá aprovechar todo su potencial minero y transformar sus recursos naturales en un motor de prosperidad para todos.
