En medio de las discusiones sobre la Nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) presentó un informe con 10 propuestas clave para lograr una formalización efectiva del sector. El documento alerta sobre los peligros de una desregulación excesiva y destaca la necesidad de establecer mecanismos claros para evitar que la minería ilegal continúe expandiéndose sin control.

El informe señala que, aunque la Comisión de Energía y Minas del Congreso del Perú está promoviendo diálogos sobre la Ley MAPE, existe preocupación debido a la posibilidad de flexibilizar normativas sin tener en cuenta los riesgos ambientales y sociales. Se advierte que una desregulación excesiva podría facilitar aún más la expansión de la minería ilegal, lo que ya ha generado impactos negativos en el medio ambiente y la salud de las comunidades cercanas.

El OMI resalta que la falta de fiscalización adecuada y el incumplimiento de estándares ambientales han permitido que la minería ilegal e informal se entrelacen, afectando zonas vulnerables y áreas protegidas. Además, el informe subraya que las concesiones mineras otorgadas sin un control adecuado han agravado la situación, afectando no solo a las comunidades locales, sino también al acceso a un ambiente sano.

En su informe, el OMI propone 10 medidas para una formalización efectiva. Entre ellas, se incluye la creación de criterios claros para diferenciar la minería artesanal, pequeña, mediana y grande, lo que permitiría un control más eficiente y evitaría que los mineros ilegales se encubran bajo la categoría de minería artesanal. También se plantea la implementación de dos vías para la formalización: una para nuevos mineros y otra para aquellos que operaban antes de 2012.

Otra propuesta clave es la fiscalización centralizada de las plantas de beneficio, con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tomando el control y supervisado por diversas entidades competentes. Además, el OMI sugiere que se exijan compromisos ambientales desde el inicio de las operaciones y que la minería en zonas de gran valor ecológico, como las Áreas Naturales Protegidas, se prohíba completamente.

El informe también propone la creación de un sistema de trazabilidad del oro, que permita controlar su producción y comercialización, además de una reducción progresiva del uso de mercurio en la minería artesanal. Asimismo, se sugiere la creación de un fondo minero para infraestructura y bienestar en las zonas afectadas por la minería, y la modificación del Código Penal para tratar la minería ilegal como un crimen organizado y sancionar más severamente la corrupción dentro del sector.

El OMI concluye su informe haciendo un llamado al Estado para impulsar una formalización real y sostenible, sin permitir regulaciones débiles que favorezcan la expansión de la minería ilegal. El documento enfatiza la necesidad de un debate inclusivo e informado sobre la Ley MAPE, que involucre a todos los actores relevantes, incluidos las comunidades afectadas, las autoridades regionales y los especialistas en medioambiente.

A pesar de los esfuerzos por formalizar el sector en 2024, el informe destaca que la minería ilegal siguió expandiéndose, exacerbando los impactos socioambientales. Esto pone en evidencia la incapacidad del Estado para enfrentar esta crisis, que afecta a miles de comunidades en todo el país.