Los informes sobre la creciente presencia de dragas dedicadas a la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, en la región de Loreto, Perú, muestran una tendencia preocupante. Sidney Novoa, director de GIS y Tecnología de la Conservación en Conservación Amazónica, indicó que el número de dragas está en aumento, e incluso algunas se están desplazando hacia la cuenca media del Nanay. Anteriormente, las dragas se encontraban mayormente en la cuenca alta del río.
El Ministerio Público de Loreto confirma esta información, asegurando que la cantidad de dragas ha superado las 50 embarcaciones. Además, advierten que los mineros ilegales están construyendo embarcaciones de metal, conocidas como «tracas», para instalarse en las riberas de los ríos y excavar en busca de oro. Los fiscales informan que ya se están generando desbarrancamientos en las riberas del río debido a estas actividades.
Expertos en conservación sugieren que se necesita una mayor vigilancia por parte de la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú en los puestos de control a lo largo del río Nanay. Esto ayudaría a monitorear el transporte de materiales para la construcción de las tracas de metal, que luego se utilizan en la minería ilegal. Según un informe de la plataforma RAMI, en febrero se registraron 35 nuevas dragas en el río Nanay, y las imágenes satelitales muestran balsas realizando actividad minera a lo largo de la ribera del río.
A medida que aumentan las dragas ilegales, también crecen las amenazas contra quienes se oponen a esta actividad. La organización Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) ha señalado que al menos 15 personas de las comunidades indígenas cercanas al río Nanay han solicitado medidas de protección debido a las amenazas de los mineros ilegales. Una de ellas ha sido incluida en el mecanismo de protección de defensores ambientales debido a las agresiones sufridas.
Gaby Rivadeneyra, líder de proyecto de DAR, explicó que los vigilantes comunales, encargados de proteger sus territorios de la minería ilegal, han sido objeto de amenazas por parte de los mineros ilegales. A pesar de esto, la vigilancia comunal se ha reactivado, especialmente en las cuencas de los ríos Pintuyacu y Chambira, donde las comunidades han tomado la iniciativa de defender su territorio. Sin embargo, los enfrentamientos con los mineros ilegales continúan, lo que pone en riesgo la seguridad de los vigilantes.
El fortalecimiento de la vigilancia comunal es esencial, según Rivadeneyra, quien destacó el caso de la comunidad Seis Hermanos, que organiza patrullajes semanales en su territorio para detectar actividades ilegales, como minería, pesca ilegal y tala. Este trabajo de vigilancia, apoyado por el gobierno regional y el Ministerio de Justicia, enfrenta el riesgo constante de amenazas, pero continúa siendo fundamental para la protección de los recursos naturales en la zona.
El Ministerio Público también ha señalado que no solo el río Nanay ha experimentado un aumento en la actividad minera ilegal, sino también otros ríos de Loreto, como los ríos Marañón, Putumayo y Napo. Estas embarcaciones ilegales, equipadas con tecnología avanzada para sus comunicaciones, dificultan el trabajo de las autoridades, quienes enfrentan limitaciones de presupuesto para llevar a cabo operativos efectivos.
En respuesta a esta situación, José Manuyama, presidente del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, anunció que el 20 de marzo, con motivo del Día Mundial del Agua, se llevará a cabo una marcha en Iquitos para protestar contra la contaminación del río Nanay, la principal fuente de agua de la ciudad. Manuyama recordó que en 2023 se realizaron varias protestas contra la concesión minera en el río Nanay, lo que llevó a la suspensión de la entrega de concesiones para minería en 2024, extendiéndose incluso por un año adicional después de las marchas.
El impacto de la minería ilegal en la región es cada vez más evidente, y según Manuyama, esta expansión se vincula a una lógica de explotación continental relacionada con el narcotráfico. En sus palabras, la minería ilegal responde a un mercado internacional que no escatima en depredar los territorios para obtener recursos, como el oro, lo que agrava aún más la crisis ambiental y social en la Amazonía peruana.
