Un nuevo aliado emerge en el debate sobre la minería informal en Perú. La bancada de Somos Perú ha propuesto extender el Registro de Minería Informal (Reinfo) por tres años más y renombrarlo como Renmape. Esta medida beneficiaría a unos 80,000 mineros informales, generando tanto apoyo como controversia. Los defensores de la iniciativa argumentan que la ampliación brindaría una oportunidad a los mineros para formalizarse, pero expertos advierten que también podría abrir la puerta a la legalización de operaciones ilegales.

La propuesta de Somos Perú ha levantado críticas, pues se teme que permita a operadores ilegales camuflarse dentro de los inscritos en el Reinfo, complicando aún más el proceso de formalización del sector. En este contexto, la medida ha sumado apoyo entre los partidos políticos que tradicionalmente han respaldado a la minería informal, especialmente en el marco de los cambios que se están debatiendo en la nueva Ley MAPE.

De acuerdo con reportes, diversos grupos políticos, entre ellos Renovación Popular, Perú Libre y Podemos, han mostrado su apoyo a la minería informal, en alianza con Confemin, el gremio que agrupa a los mineros informales más grandes del país. Además, el Bloque Magisterial también se ha sumado a este respaldo, lo que ha fortalecido la influencia de Confemin en el ámbito político.

El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, y su antecesor, Segundo Quiroz, han sido impulsores de varios proyectos que favorecen la ampliación del Reinfo. En diciembre de 2024, gracias a su apoyo, se aprobó una ley que extendió el registro por seis meses, con posibilidad de otro semestre adicional a través de un decreto supremo, lo que sugiere que esta prórroga podría ser utilizada nuevamente.

Además, se ha revelado que Confemin tiene como objetivo, a través de la nueva Ley MAPE, que el Reinfo se amplíe de manera indefinida, permitiendo al Banco de la Nación comprar oro sin trazabilidad y otorgando cuentas bancarias a los mineros informales para facilitar su comercialización en el mercado. Esta propuesta ha obtenido el respaldo de congresistas como Jorge Montoya, Eduardo Salhuana y Jorge Flores Ancachi, quienes se alinean con los intereses de los mineros informales. Según Confemin, este sector mueve más de US$ 6 mil millones anuales, una cifra que supera varias veces la que maneja el narcotráfico en el país.