La semana pasada, el precio del oro alcanzó un nuevo récord al superar los US$2,800 por onza. En los últimos 12 meses, su valor ha aumentado más de un 39%, lo que ha generado una mayor actividad en la minería informal, la cual, lamentablemente, sigue depredando los recursos naturales, fomentando la trata de personas, no respetando los derechos laborales ni generando utilidades o pagando impuestos. A pesar de esta situación, hay varios proyectos formales en espera, que podrían contribuir al desarrollo sostenible del sector.
Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Perú posee una cartera de cinco proyectos de oro como metal principal, con un monto total de US$6,842 millones, los cuales podrían ser impulsados por el actual gobierno. Estos proyectos representan una oportunidad para aumentar la producción de oro de manera responsable y con altos estándares ambientales y laborales.
Uno de los proyectos más destacados es San Gabriel, de Compañía de Minas Buenaventura, ubicado en Moquegua. Este proyecto tiene una inversión de US$470 millones y se espera que comience a operar entre julio y agosto de este año, según informó Roque Benavides, presidente del directorio de la empresa.
Otro proyecto relevante es Reposición Inmaculada, de Compañía Minera Ares, en Ayacucho, que se encuentra en fase de ejecución con una inversión aproximada de US$1,319 millones. Asimismo, se encuentra en desarrollo Reposición Tantahuatay, de Compañía Minera Coimolache S.A. en Cajamarca, con una inversión de US$127 millones. También está en la lista el proyecto Conga, de Minera Yanacocha, con una inversión cercana a los US$4,800 millones, aunque sigue paralizado desde hace casi 15 años.
Finalmente, la cartera incluye el proyecto Ollachea, de Minera Kuri Kullu, ubicado en Puno, que actualmente se encuentra en etapa de prefactibilidad, con una inversión estimada de US$126 millones. Estos proyectos, si se materializan, representan una importante fuente de ingresos y empleo formal para el país.
Para que estos proyectos avancen, el gobierno deberá reducir las trabas burocráticas y agilizar los procesos y permisos necesarios para que las minas puedan comenzar a producir. Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), subrayó la necesidad de tomar acciones concretas para destrabar estos proyectos. En este sentido, el exministro de Energía y Minas, José Arista, había anunciado la implementación de un «shock de desregulación». Ahora, queda por ver si el nuevo ministro de Economía, José Salardi, continuará con esta tarea urgente y marcará un cambio en la gestión de la minería en el país.
