A un mes del derrame de petróleo ocurrido en Talara, Piura, que afectó más de 10,000 metros cuadrados de mar y varias playas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha sancionado a Petroperú con 36 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa responde al incumplimiento de una de las seis medidas administrativas que la empresa estatal debía cumplir tras el desastre ambiental.

Alex Uriarte, director de Supervisión Ambiental de la OEFA, explicó en una entrevista con RPP Noticias que Petroperú no cumplió con la primera de las medidas dictadas por la entidad. «Producto de este incumplimiento, elaboramos un informe y dictamos una medida coercitiva. La multa se impuso por este incumplimiento. Las demás medidas están siendo evaluadas y para ello contamos con un equipo permanente en el campo», detalló.

Además, Uriarte alertó sobre la persistencia de hidrocarburos en diversas playas afectadas, mencionando que el 20 de enero se observó la presencia de hidrocarburos en playas como Peña Negra y Cabo Blanco. «La multa se impuso por varios aspectos, incluyendo la identificación y el control de la fuente del derrame, lo cual Petroperú no ha podido cumplir», añadió.

La crisis ha generado gran preocupación entre las comunidades locales, especialmente entre los pescadores. Jesús Llenque, presidente de la Asociación de Pescadores de la caleta de Cabo Blanco, denunció la falta de acciones concretas y la ausencia de un plan de contingencia eficaz por parte de Petroperú y las autoridades. «Aseguran que están monitoreando, pero no lo hacen en el área afectada. Incluso, Petroperú no presentó un plan de contingencia desde el primer día del derrame. No hubo prevención», afirmó Llenque, subrayando los efectos negativos en la actividad pesquera y la economía local.

El derrame ha causado daños importantes en el ecosistema marino y la vida de las comunidades costeras. A pesar de los operativos de limpieza y las sanciones impuestas, los resultados obtenidos hasta ahora son considerados insuficientes. La OEFA sigue evaluando el cumplimiento de las demás medidas administrativas y no descarta aplicar nuevas sanciones si se identifican más irregularidades.

Este caso resalta las falencias en la gestión de emergencias ambientales y la falta de un plan de contingencia adecuado, lo que ha agravado los efectos del derrame tanto para el medio ambiente como para las comunidades afectadas. La situación continúa bajo supervisión mientras las autoridades intensifican las evaluaciones y fiscalizaciones correspondientes.