El Ministerio Público ha logrado hasta el momento 320 sentencias condenatorias contra personas involucradas en el delito de minería ilegal en todo el país. A su vez, la Fiscalía sigue investigando más de 7,200 casos relacionados con esta actividad ilícita, en un esfuerzo por frenar el impacto negativo de la minería ilegal en el medio ambiente y las comunidades.

El fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, indicó que hasta la fecha, se ha logrado incautar más de S/1,000 millones en bienes provenientes de mineros ilegales. Estas intervenciones, realizadas en conjunto con la Policía Nacional del Perú, han permitido el decomiso de maquinaria pesada como excavadoras, volquetes y cargadores frontales, así como de hasta 1,000 kilos de oro en algunos casos.

Chávarry destacó que a pesar de estos esfuerzos, la cantidad de condenas judiciales sigue siendo baja en comparación con el número de mineros ilegales operando en el país, lo que evidencia las dificultades para erradicar este problema mediante el sistema judicial y penal. «Es poca la respuesta que se puede tener en cuanto a la erradicación de la minería ilegal a través de la vía judicial y penal», señaló en una reciente entrevista.

En cuanto a la expansión de la minería ilegal, el fiscal indicó que las organizaciones criminales han adoptado un comportamiento nómada, trasladándose constantemente de un lugar a otro en función de factores climáticos y la disponibilidad de agua, que es un insumo clave para la actividad minera. Según explicó, mientras haya acceso al recurso hídrico, la minería ilegal puede llevarse a cabo.

Las actividades ilegales se han extendido hacia nuevas zonas, especialmente en el sur del país, donde se han infiltrado en áreas más remotas y de difícil acceso. «Se están insertando en zonas alejadas de lo que normalmente operaban», señaló Chávarry. Entre los lugares afectados figuran áreas naturales protegidas como la Reserva Tambopata en Madre de Dios y el Parque Nacional Bahuaja Sonene en Puno, lo que agrava los impactos ambientales de la minería ilegal.

Además, mencionó que las actividades mineras también han comenzado a intensificarse en los ríos Nanay y Cenepa, lo que implica un movimiento constante de los mineros ilegales hacia estas nuevas zonas. Este fenómeno demuestra cómo la minería ilegal sigue adaptándose y expandiéndose a pesar de los esfuerzos por controlarla.

El fiscal concluyó que la situación es preocupante y que se requieren acciones más eficaces y coordinadas entre las autoridades para frenar el avance de esta actividad ilegal, que no solo afecta al medio ambiente, sino también a las comunidades cercanas a los lugares de explotación.

La minería ilegal continúa siendo uno de los mayores desafíos para las autoridades en Perú, y el Ministerio Público sigue trabajando en la identificación y desarticulación de estas organizaciones criminales para proteger tanto los recursos naturales del país como la integridad de las comunidades que habitan las zonas afectadas.