Los recientes avances en la minería en Centroamérica están redefiniendo el panorama de la inversión minera en la región. A través de la creación de nuevas leyes en países como El Salvador y Costa Rica, se busca no solo atraer inversión extranjera, sino también generar un desarrollo económico más inclusivo y equilibrado. Sin embargo, las reformas mineras también han abierto un debate sobre el futuro de países como México, cuyas políticas públicas recientes han reducido su atractivo para los inversores.

En diciembre de 2023, El Salvador aprobó una ley que autoriza la minería metálica y la exploración minera, marcando un hito en un país que hasta ahora se había mantenido renuente a este tipo de actividades. Por su parte, Costa Rica está avanzando en la propuesta de una legislación para permitir la minería a cielo abierto, una práctica que ha sido controvertida pero que podría abrir nuevas oportunidades económicas para el país.

Este cambio en la postura de países centroamericanos, bajo la dirección de los presidentes Nayib Bukele de El Salvador y Rodrigo Chaves de Costa Rica, representa una ruptura con el pasado, en el que la minería era vista con recelo. La apertura al sector no solo busca atraer inversión, sino también impulsar un desarrollo económico más equitativo en una región que ha sido históricamente poco favorecida por la industria minera.

Mientras tanto, México enfrenta un desafío significativo, ya que sus políticas públicas en el sector minero lo han colocado en una posición menos competitiva en comparación con otras economías de la región. El país ha visto cómo, debido a sus regulaciones, su atractivo para la minería se ha diluido, lo que ha generado inquietud sobre el futuro de la industria en el país.

El índice de atractivo para la inversión minera del Instituto Fraser muestra la caída de México en el ranking global, pasando del puesto 37 al puesto 74 en 2023, de 86 jurisdicciones evaluadas. Este descenso se debe a la suspensión de nuevas concesiones mineras y a la lentitud del proceso para obtener permisos ambientales, lo que ha desincentivado a los inversores. Además, la modificación en las normativas que limita la participación del sector privado en la exploración minera, otorgando exclusividad al Servicio Geológico Mexicano (SGM), ha generado más incertidumbre.

La situación en México contrasta con la de otros países centroamericanos, como Panamá, que busca alternativas tras el cierre de la mina Cobre Panamá, y está trabajando para diversificar su economía y atraer nuevas inversiones mineras. En este contexto regional, la minería responsable parece ser la tendencia que se está consolidando, lo que coloca a México ante la necesidad de replantear sus políticas para mantenerse competitivo.

El sector minero latinoamericano se encuentra en una fase de transformación, con Centroamérica tomando la delantera al actualizar sus políticas y abrir la puerta a nuevas inversiones. En este escenario, México enfrenta una disyuntiva importante. Si no ajusta su marco regulatorio, podría seguir perdiendo competitividad, mientras que otros países se posicionan como destinos más atractivos para la inversión minera.

Según Andrés Abogado, socio director de Abolaw en México, “el éxito de las iniciativas de El Salvador y Costa Rica podría ser un catalizador para que México reformule su marco regulatorio y recupere su competitividad a nivel global”. Este es un claro llamado de atención para el país, que aún tiene tiempo para repensar su estrategia y evitar perder terreno en el sector minero.

En resumen, Centroamérica está avanzando con decisiones legislativas que abren el camino a una minería más responsable y diversificada, mientras que México enfrenta el reto de reformular sus políticas para no quedar rezagado en la competencia por la inversión minera. Sin un cambio en su enfoque regulatorio, México podría ver cómo su liderazgo en la minería en América Latina se desvanece en favor de otras economías de la región.