La minería en Perú ha alcanzado niveles alarmantes de concesión de tierras, con casi 20 millones de hectáreas destinadas a esta actividad, lo que ha generado un aumento significativo en los conflictos sociales, especialmente en regiones como Moquegua, La Libertad y Áncash. Según el 35º Observatorio de Conflictos Mineros, más de la mitad de los territorios de estas regiones están concesionados para minería, lo que ha intensificado las tensiones entre la población y las empresas mineras.

José de Echave, investigador de CooperAcción, destacó que la minería ilegal ha avanzado rápidamente, lo que agrava aún más la situación, ya que compite con la minería formal por el control de los territorios. Este fenómeno también pone de manifiesto el creciente problema de concentración de tierras en manos de un número reducido de empresas, ya que las 15 principales compañías mineras controlan aproximadamente 16 millones de hectáreas, representando el 80% de las concesiones mineras en el país.

Un caso emblemático de este fenómeno es la concesión minera sobre la famosa Montaña de Siete Colores en Cusco, un destino turístico reconocido mundialmente. Además, en Piura, en el distrito de Lancones, el 60% del reservorio de Poechos, que es crucial en la actual crisis hídrica del norte de Perú, también está concesionado para la minería, lo que pone en riesgo los recursos hídricos de la región.

Esta situación tiene su origen en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se afirmaba que había más oro que en Yanacocha. El titular de estas concesiones es Juan Carlos Ramírez, miembro del Parlamento Andino y exviceministro de Minas en el gobierno de Alberto Fujimori. La política de concesiones mineras ha sido ampliamente criticada por permitir el acaparamiento y la especulación en la asignación de tierras, lo que ha generado conflictos sociales y una distribución desigual de los recursos y beneficios mineros.

Un claro ejemplo de las consecuencias de esta política se observa en Cajamarca, donde la escasez de agua se ha convertido en una crisis sin precedentes. Según el 35º Observatorio de Conflictos Mineros, la situación se ha agravado en el segundo semestre de 2024, obligando a la población a depender de camiones cisterna para su abastecimiento de agua. Aunque factores como el cambio climático y la temporada de estiaje contribuyen a la crisis, también se sospecha que la minería de oro, especialmente la actividad de la mina Yanacocha, está afectando negativamente los recursos hídricos de la región.

Mirtha Vásquez, abogada y directora de Grufides, señaló la necesidad de realizar un estudio detallado para comprender mejor las causas de la escasez de agua. La ubicación de Yanacocha en la cabecera de cuenca podría estar influyendo en la disminución del suministro de agua. La empresa minera ha propuesto la construcción de pozos artificiales como solución, financiados a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), lo que implica que la empresa deje de pagar impuestos al Estado, una medida que, según Vásquez, representa una pérdida para los peruanos.

En otro caso, el proyecto minero Tía María, ubicado en Arequipa, ha comenzado operaciones a pesar de que su autorización había caducado. CooperAcción ha resaltado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto ya no está vigente y debe ser renovado, lo que muestra cómo los límites ambientales en Perú están siendo ignorados. La abogada Ana Leyva, de CooperAcción, también destacó que en el contexto de minería ilegal, son pocos los mineros ilegales que son condenados, mientras que los defensores ambientales sufren persecución por parte del Estado.

La reorganización del Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), a través de los decretos supremos 013-2024-MIMAM y 014-2024-EM, también ha sido señalada como un factor que debilita la protección ambiental en el país. Estos decretos limitan la participación del organismo y hacen que su opinión sea no vinculante en muchos casos, lo que podría tener consecuencias negativas en la protección de los recursos naturales.

El proyecto Ariana, ubicado en la cuenca de Marcapomacocha, que abastece de agua a Lima, también ha sido objeto de controversia. Actualmente, este proyecto se encuentra en juicio y se ha programado una audiencia para el 8 de enero. Durante el proceso de evaluación de su EIA, no se contó con la participación de representantes de Lima, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia y la inclusión en la toma de decisiones que afectan a la capital.