Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), destacó que en los últimos cinco años el presupuesto destinado a combatir la minería ilegal ha sufrido una reducción significativa del 37%. En su intervención en el evento Diálogos Mineros, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), explicó que la falta de una estrategia integral para abordar este problema ha dificultado los avances en la lucha contra la minería ilegal.

El economista subrayó que la disminución de las acciones de erradicación es una de las principales causas del crecimiento continuo de la minería ilegal. Gallardo señaló que, aunque se han hecho esfuerzos, el presupuesto destinado a estas actividades ha caído en los últimos años. «Si no tienes una estrategia integral para combatir la minería ilegal, es muy difícil que las cosas cambien», manifestó, advirtiendo que se está destinando menos dinero para enfrentar esta actividad ilegal.

Gallardo también mencionó la falta de coordinación entre las instituciones del Estado como otro factor que contribuye al problema. Explicó que el alto comisionado para la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha reconocido que su labor está limitada por la escasez de personal y recursos. Según el gerente del IPE, la falta de apoyo logístico y financiero dificulta la efectividad de las políticas implementadas para erradicar la minería ilegal.

El gerente general del IPE también sugirió que la cooperación internacional podría ser clave para enfrentar la minería ilegal. Propuso que se coordine con países importadores de oro, como Estados Unidos, Suiza, India, Emiratos Árabes y Canadá, para seguir la trazabilidad del oro y verificar su legalidad. Gallardo destacó que sin esta colaboración entre países, será muy difícil frenar el avance de la minería ilegal, un negocio que involucra tanto a actores locales como internacionales.

Por otro lado, Gallardo también se refirió a la situación de los proyectos mineros en el país. Indicó que de 23 proyectos mineros postergados, solo ocho tienen una fecha de inicio definida. Esto revela que muchos de estos proyectos están demorados por factores ajenos a la voluntad de las empresas, como la conflictividad social y las trabas burocráticas. «Lo preocupante es que solo ocho proyectos de estos 23 tienen fecha de inicio, y muchos siguen sin un calendario claro», comentó.

Dentro de los proyectos con retrasos se encuentran grandes iniciativas como Conga, en Cajamarca, Tía María en Arequipa y Michiquillay, también en Cajamarca. Gallardo destacó que la conflictividad social sigue siendo una de las principales barreras para el avance de estos proyectos. Aunque entre 2021 y 2022 se redujeron los conflictos sociales, los niveles actuales siguen siendo elevados y comparables a los registrados en años anteriores, como 2017 y 2018.

Finalmente, el gerente del IPE advirtió que la falta de desarrollo de estos proyectos podría tener efectos negativos sobre la inversión en el sector minero y la competitividad del país. «Si proyectos como Tía María no avanzan, podrían desalentar la inversión y hacer que otros inversores busquen oportunidades en países con menos problemas, como Chile, Australia o Canadá», concluyó Gallardo, resaltando la importancia de avanzar en la ejecución de estos proyectos para el crecimiento económico del país.