Cobre Panamá, la mina más importante de First Quantum Minerals, se encuentra en el epicentro de una grave crisis económica, social y política desde su cierre hace un año. La operación, que representaba casi el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá, fue paralizada tras una decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato de concesión. Esta medida ha desencadenado una serie de conflictos legales y sociales que siguen afectando al país.

La administración del presidente Laurentino Cortizo no logró gestionar adecuadamente las crecientes preocupaciones legales, ambientales y sociales, lo que resultó en un descontento generalizado. Este malestar se tradujo en protestas masivas y una creciente presión sobre el gobierno. Según el actual presidente José Raúl Mulino, la mina se convirtió en víctima de un gobierno con solo un 25% de aceptación popular y un rechazo generalizado de la ciudadanía.

El impacto económico del cierre de la mina ha sido significativo para Panamá. En el último año, la empresa First Quantum ha invertido entre 11 y 13 millones de dólares mensuales para mantener el sitio, cubriendo costos de mantenimiento, estabilidad ambiental y salarios de los trabajadores. A esto se suma la acumulación de 121,000 toneladas de concentrado de cobre que no pueden ser exportadas debido a la falta de un permiso legal.

El Ministro de Finanzas, Felipe Chapman, sugirió que incluso los ambientalistas más radicales podrían considerar razonable permitir la exportación del cobre ya extraído como una medida para aliviar la presión financiera del país. Sin embargo, una solución definitiva aún parece lejana, ya que las audiencias de arbitraje programadas no se llevarán a cabo hasta 2025, lo que mantiene en suspenso la resolución del conflicto.

El presidente Mulino ha comprometido su administración a abordar esta crisis de manera más transparente y auditable, con la intención de restaurar la confianza pública en el manejo del caso. A pesar de esta promesa, ha dejado claro que temas como la seguridad social y el bienestar de los ciudadanos serán prioritarios. Las discusiones sobre el futuro de Cobre Panamá no comenzarán hasta 2025, lo que genera una considerable incertidumbre sobre el futuro de la minería en el país.

Mulino sostiene que la clave para resolver la situación radica en restaurar la confianza pública y buscar una solución que beneficie tanto a Panamá como a sus ciudadanos. El desafío será encontrar un equilibrio entre los intereses económicos, legales y sociales relacionados con la mina y, en general, con la industria minera nacional.

Entre las posibles soluciones que se están discutiendo se incluye la opción de reactivar temporalmente la mina para mitigar las pérdidas económicas causadas por su cierre definitivo. Sin embargo, esta decisión debe manejarse con sumo cuidado para evitar que se generen tensiones sociales adicionales, especialmente en un contexto ya complicado.

First Quantum sigue mostrando disposición al diálogo, mientras se avanza en dos procesos de arbitraje. Uno de estos es bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá, y el otro ante la Cámara Internacional de Comercio. Estos procesos legales podrían generar más fricciones y complicar aún más las relaciones entre el gobierno panameño y la empresa minera.

El futuro de Cobre Panamá será un factor determinante para la administración de Mulino. Resolver este conflicto no solo tendrá implicaciones económicas, sino también políticas y sociales para Panamá. Una gestión efectiva y transparente podría convertir este desafío en una oportunidad para consolidar una relación más equilibrada y equitativa entre el gobierno y las empresas mineras en el país.