La minería ilegal en el Perú se ha consolidado como la actividad criminal más grande del país, con el comercio ilícito de oro posicionándose como el más relevante, según un informe de la Universidad del Pacífico (UP). En el 2024, se estima que la minería ilegal de oro moverá alrededor de 6,840 millones de dólares, lo que representa un aumento significativo en comparación con otras actividades ilícitas, como el tráfico de drogas (1,208 millones de dólares) y la trata de personas (1,300 millones de dólares).

El aumento de la exportación de oro ilegal en el país ha seguido la tendencia de crecimiento de los precios del metal, que, para mayo de 2024, podrían superar los 75 dólares por gramo. Entre 2005 y 2023, el volumen de oro exportado se multiplicó por siete, alcanzando las 77 toneladas de oro en 2023, y se proyecta que en 2024 la cifra ascenderá a 90 toneladas. Esta tendencia refleja una estrecha relación entre los precios internacionales del oro y la expansión de la producción ilegal del metal.

Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), destacó que el aumento en la rentabilidad de la minería ilegal, impulsado por el precio del oro, ha generado márgenes de ganancia significativos, lo que ha llevado a una expansión de la minería ilegal hacia otros minerales, como el cobre. Además, el costo de producción no ha aumentado proporcionalmente a los precios del oro, lo que hace más atractiva esta actividad ilícita.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la minería ilegal se ha convertido en uno de los delitos más riesgosos para el país en términos de lavado de activos. En 2021, la minería ilegal pasó a ser el principal riesgo para el Perú, superando a otros delitos como la corrupción y el tráfico de drogas. En la última década, la UIF identificó movimientos relacionados con minería ilegal por un total de 80,000 millones de dólares, lo que resalta la magnitud del problema.

El Perú se ha convertido en el mayor exportador de oro ilegal en América del Sur, con estimaciones que indican que entre el 30% y el 80% del oro exportado proviene de actividades ilegales. A pesar de que países como Colombia, Ecuador y Venezuela también enfrentan este problema, el Perú es el principal contribuyente en términos de valor, representando casi la mitad de la minería ilegal de oro en la región.

Las políticas de formalización implementadas hasta ahora no han logrado revertir la situación. De los 22,000 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), solo un 2% ha logrado una formalización efectiva, lo que subraya la ineficacia de las medidas adoptadas. Macera señaló que la falta de éxito en la formalización es evidente y que la ampliación del Reinfo no resuelve los problemas estructurales del sector.

A pesar de los esfuerzos punitivos, las políticas actuales resultan insuficientes, especialmente en áreas de difícil acceso. El IPE destaca la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de monitorear y ejecutar políticas, lo que facilita la expansión de la minería ilegal. Además, la corrupción y la debilidad institucional contribuyen a la perpetuación de este fenómeno, dificultando el control de esta actividad.

En cuanto a la política de trazabilidad, el análisis concluye que esta no ha sido efectiva para regular la cadena de suministro del oro ilegal. La falta de articulación entre las entidades responsables y la complicidad de actores legales han permitido que el comercio de minerales ilegales continúe en el mercado internacional. La regulación de estos mercados y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional son cruciales para combatir la minería ilegal de manera efectiva.

En resumen, la minería ilegal en el Perú continúa siendo un desafío significativo, con la minería de oro representando una de las actividades ilícitas más rentables y difíciles de erradicar. A pesar de las políticas existentes, la falta de efectividad y la expansión de la minería ilegal hacia otras áreas y minerales subrayan la necesidad urgente de un enfoque más integral y coordinado.