Líderes indígenas de Perú han hecho un llamado urgente a países como Estados Unidos, Suiza, India y Arabia Saudí para que detengan la compra de “oro sucio” extraído ilegalmente de la Amazonía. Esta denuncia fue presentada durante el encuentro titulado “Defensa de la Amazonía ante el infierno minero”, organizado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en Lima. Wilfredo Tsamash, un líder awajún y representante de pueblos indígenas de San Martín, compartió una estadística alarmante: “El 70% del oro exportado del Estado peruano es dinero ilegal”.
Tsamash hizo un llamado directo a los principales compradores internacionales, instándolos a cesar sus actividades. “Este mineral está manchado con la vida que ha cobrado de pueblos indígenas y la biodiversidad”, enfatizó. Los líderes indígenas también solicitan la promoción de investigaciones para rastrear el origen del oro y combatir la minería ilegal.
Según Aidesep, en la última década (2014-2024), la minería ilegal ha generado alrededor de US$7800 millones, una cifra que supera en más de 11 veces lo estimado para el narcotráfico. La situación es especialmente grave en Madre de Dios, descrita por el presidente de Aidesep como “un cáncer que presenta metástasis”. Las consecuencias de esta actividad ilegal son devastadoras para el medio ambiente y la salud de las comunidades, con emisiones estimadas de 185 toneladas métricas de mercurio al año, un contaminante que afecta el desarrollo cognitivo de la población.
Los representantes indígenas también señalaron al Ejecutivo y al Legislativo como parte del problema, acusándolos de fomentar la informalidad que permite la explotación minera ilícita. Denuncian la promulgación de leyes que facilitan esta actividad, como el registro de formalización minera y la reciente modificación de la ley forestal.
Frente a esta crisis, los líderes indígenas demandan una mayor vigilancia en el territorio amazónico para destruir las dragas mineras ilegales y más recursos para investigar la presencia de mercurio en aguas, flora y fauna. Esta situación resalta la urgente necesidad de acciones concretas tanto a nivel nacional como internacional para combatir la minería ilegal y proteger la Amazonía y sus comunidades.
