El documento también revisa la legislación chilena y en ambos descubrió que las principales brechas están asociadas a la conducta empresarial responsable, gestión de impactos ambientales, mecanismos de participación y de reclamación.

De la mano del estudio jurídico Rodrigo, Elías & Medrano Abogados y el Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Proyecto MinSus de la GIZ lanzó un estudio comparativo que identifica las principales brechas entre el Estándar IRMA y la normativa de Perú y Chile relacionada a la minería.

El documento, elaborado por 10 expertas y expertos peruanos y chilenos, analiza las complementariedades entre ambas legislaciones, con cada uno de los 426 criterios de IRMA, identificando que el 45% de los requisitos del estándar son más exigentes que la normativa peruana.

IRMA es uno de los estándares voluntarios más completos de la industria minera, según un reporte del Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable (IISD) del 2018 y el estudio comparativo del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) del 2022 y fue fundado en 2016 por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas compradoras de minerales y metales, inversores, comunidades afectadas, sindicatos y empresas mineras. Su objetivo es establecer un sistema de evaluación de la minería responsable, verificado de manera independiente a través de auditorías de terceros.

La investigación, titulada “Estudio comparativo entre la normativa chilena y peruana con los requerimientos auditados por el estándar IRMA” revela que las brechas en ambos países se presentan principalmente en normas vinculadas a: 1) la Conducta Empresarial Responsable (CER); 2) la gestión de impactos ambientales; 3) los mecanismos de participación ciudadana; y 4) las exigencias de los mecanismos de reclamación.

Para el caso peruano, el documento concluye que el 45% de los 426 requisitos del Estándar IRMA son más exigentes que la normativa peruana relacionada con la minería, un 13% no está cubierto en la normativa nacional, un 33% es igual de exigente, y un 4% es menos exigente. Una de las razones detrás de la falta de adopción de IRMA en Perú es su bajo reconocimiento en comparación con otros estándares internacionales. Además, IRMA es más específico y detallado, lo que puede dificultar su adecuación a la realidad local.

Para medir el cumplimiento de las empresas mineras de gran escala, IRMA evalúa el nivel de cumplimiento en cuatro principios fundamentales: 1) integridad empresarial, 2) planificación y gestión de legados positivos, 3) responsabilidad social, y 4) responsabilidad ambiental. Al analizar el cumplimiento entre la normativa peruana y estos principios, el estudio revela que la legislación peruana cubre un 26% del primer principio; un 32% del segundo; un 44% del tercero; y un 36% del cuarto.

Sin embargo, al enfocarse en los requisitos críticos del estándar (los 40 aspectos más relevantes y necesarios para obtener la certificación), el cumplimiento de la normativa peruana alcanza casi la mitad de complementariedad, llegando a un 49%. Con un balance similar entre los distintos principios, con un 43% en el primer principio “Integridad empresarial”, un 50% en los principios 2 y 3; y un 40% en el cuarto principio “Responsabilidad ambiental”, reiterándose las mayores brechas en los principios 1 y 4.

Al examinar el análisis cualitativo, el informe concluye que la normativa peruana muestra un alto nivel de correspondencia en algunas temáticas ambientales y laborales, principalmente relativos a los principios 2 y 3. Entre estos se incluyen la evaluación y manejo de los impactos ambientales y sociales de la minería, así como asegurar condiciones laborales justas y seguras para los trabajadores. También se aborda la salud y seguridad tanto de los colaboradores como de la comunidad, el manejo de desechos y materiales, y el control de la calidad del aire. Pese a ello, hay otros temas socioambientales que no son adoptados por la legislación de Perú. Varios requisitos de gestión de impactos ambientales y sociales de IRMA son mucho más detallados y exhaustivos que lo exigido por la regulación nacional. Estos incluyen aspectos técnicos complejos como el reasentamiento, la preparación y respuesta ante emergencias, el control de ruido y vibraciones, las emisiones de gases de efecto invernadero, y la gestión de cianuro y mercurio.

“Existen muchas razones que explican y hasta justifican estas brechas”, señaló el líder del área de medioambiente del Estudio Rodrigo Elias & Medrano, Francisco Tong, quien también es uno de los autores del estudio. “No en todos los casos esto debe ser considerado como negativo, pues se trata de objetivos ambiciosos, de largo plazo o que requieren inversiones considerables”. Tong sostiene que, incluso mientras se realizaba el estudio, algunas normas peruanas se han ido modificando para considerar algunos de los temas que fueron considerados como brechas.

Por otro lado, algunos capítulos de IRMA relativos a la CER se basan en normas no vinculantes que a la fecha han tenido baja adopción en la ley peruana. Algunos de estos temas son la participación de la comunidad y de los actores sociales; la debida diligencia en materia de derechos humanos; la transparencia en ingresos y pagos; el consentimiento libre, previo e informado; la obtención del respaldo de la comunidad y el otorgamiento de beneficios; la minería y las áreas afectadas por conflictos o de alto riesgo; y los arreglos con servicios de vigilancia o de seguridad.

En cuanto a Chile, los resultados son levemente inferiores que los de Perú, existiendo un 53% de requisitos categorizados como “más exigentes que la normativa”, un 13% que no está cubierto en la ley, un 33% de requisitos igual de exigentes y un 4% menos exigentes.

Finalmente, y con el fin de impulsar la ejecución de políticas públicas en ambos países, el estudio entrega recomendaciones para las autoridades y para las empresas señalando que la auditoría del Estándar IRMA es una oportunidad para mejorar los procesos mineros, fortaleciendo la gestión socioambiental y de gobernanza.

Para conocer el estudio, puede descargar el informe completo en la web de MinSus, donde también encontrarás el análisis comparativo desglosado.