La propuesta legislativa que elaboró el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) respecto a la pequeña minería y minería artesanal busca regular esta actividad y lograr que genere beneficios para millones de peruanos, tanto en materia económica como en lo referido a responsabilidad social y respeto al ambiente.

Así lo afirmó Mayra Figueroa, titular de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del MINEM, quien señaló que la propuesta no apunta a satanizar o perjudicar a los pequeños mineros pues, al contrario, reconoce el aporte que puede generar la minería a pequeña escala en el país.

«Desde el MINEM buscamos promover el desarrollo de la pequeña minería de manera ordenada, con marco normativo claro y regulando el desarrollo de esta actividad, en condiciones correctas», señaló la funcionaria, resaltando que el objetivo de la norma es el de promover una actividad minera en óptimas condiciones.

Agregó que la pequeña minería y minería artesanal puede generar impactos positivos no solo económicos sino también ambientales y de responsabilidad social, reconociendo que el Perú es país minero pero que esta actividad, como cualquier otra, debe cumplir con las regulaciones y no se puede desarrollar sin tener control.

«Toda actividad está sujeta a fiscalización y sanción en caso se desarrolle incorrectamente. Por eso, es obligación del Estado regular la actividad minera a pequeña escala. Somos un país minero por ello no hay que desarrollar actividad minera de modo indiscriminado, sino que debemos tener controles, por eso queremos el compromiso de los mineros», puntualizó.

Figueroa indicó que el proyecto de ley permitirá identificar a los actores de la minería a pequeña escala, resaltando el trabajo de los gobiernos regionales que, a través de sus direcciones o gerencias regionales de Energía y Minas tiene a su cargo el seguimiento, supervisión y fiscalización de esta actividad.

Reafirmó, además, que en el esquema de formalización no hay espacio para la minería ilegal, que es un delito tipificado en el código penal e involucra a otros actores del Estado, como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional o el Ministerio Público.