La optimización del proceso de formalización minera, el impulso de actividades económicas alternativas y la trazabilidad de insumos y materiales, además de la continuidad de los operativos de interdicción, son algunos de los temas relevantes que la comisión multisectorial para la lucha contra la minería ilegal, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), toma en cuenta en su trabajo de actualización de la estrategia para la erradicación de esta ilícita actividad.

El alto comisionado para el combate a la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, explicó que la actualización de la estrategia estará lista a fines de setiembre.

La comisión multisectorial de naturaleza permanente se creó en diciembre del 2023 con el propósito  de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y recuperación del ambiente, y se reúne de manera periódica.

“No hay que dejar de destruir dragas y cerrar bocaminas. Tenemos que seguir trabajando en eso, pero hay que buscar otras alternativas para centrar la acción del Estado con el objetivo de erradicar la minería ilegal y recuperar el medioambiente”, resalta el alto comisionado.

“El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha presentado el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que elimina el Reinfo y da responsabilidades y plazos a las instituciones públicas involucradas en la formalización. Estamos convencidos que a través de la formalización de la minería vamos a lograr reducir la minería ilegal”, aseguró.

El alto comisionado también resaltó que se busca impulsar economías alternativas. “La misma minería legal es una alternativa, la cual debemos promover. Pero hay regiones -enfatizó García- en las que podemos encontrar actividades económicas en el comercio, la agricultura y otras con las que miles de familias que están directa o indirectamente vinculadas a la minería ilegal, contribuyan al Estado y obtengan tranquilidad”.

Otro de los conceptos clave para la actualización de la estrategia es la trazabilidad de los insumos químicos, explosivos, combustible y los diversos materiales usados por la minería ilegal. “A través del Ministerio de Relaciones Exteriores se está coordinando la cooperación internacional para tener acceso a tecnología de punta que nos permita conseguir esa trazabilidad”, refirió García.

La comisión multisectorial también considera la bancarización (cero uso de efectivo) y el fortalecimiento de las direcciones o gerencias regionales de Energía y Minas, y de las fiscalías Especializada en Medioambiente, Especializada en Lavado de Activos, Contra el Crimen Organizado y de Extinción de Dominio, con personal, equipamiento, tecnología y recursos económicos.

El alto comisionado adelantó que, de la actualización de la estrategia nacional contra la minería ilegal, se derivarán planes específicos a cargo de las diferentes entidades involucradas en las diferentes aristas de esta lucha. Esos planes específicos tienen que aterrizar también en la asignación de los recursos necesarios para que cada organismo del Estado haga su trabajo, aclaró.

Se intensifican los operativos

El alto comisionado resaltó que este año las operaciones de interdicción de la minería ilegal, llevadas a cabo por la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Capitanías y Guardacostas, y el Ejército del Perú, de la mano del Ministerio Público, se incrementaron de manera significativa, centrándose fundamentalmente en Loreto, Amazonas, La Libertad, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, que son las regiones más afectadas por la minería ilegal.

“Lo que estamos haciendo es identificar bien qué parte de la cadena de valor de la minería ilegal es la más importante, la que tiene un efecto multiplicador, para que la acción de la interdicción se focalice en esa parte”, detalló García.

García recordó que, tal como indicó la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio, en  2023 se ejecutaron 729 operativos contra la minería ilegal en el país y en los primeros siete meses de este año, 481. Producto de estas acciones, entre enero y julio, se han incautado o destruido materiales de este ilícito negocio valorizados en más de 1800 millones de soles en total.

“Seguiremos combatiendo este flagelo de manera sostenida, pero con un enfoque integral, más si tomamos en cuenta que la minería legal es fuente de muchos delitos conexos, siendo la trata de personas uno de los principales”, acotó el alto comisionado.