Luego de que el Congreso de la República derogara una disposición que a criterios de los gremios empresariales era un retroceso contra la minería ilegal, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que se reunió con representantes de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Mape) para ratificar que están elaborando un proyecto de ley para regular esta actividad minera, aunque no revelaron detalles de la propuesta.
En dicha reunión estuvo presente la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), que representa hoy a más de 500 mil mineros de esta escala. Gestión conversó con Máximo Franco, presidente de esta agrupación, para conocer qué se discutió en dicha reunión con el Minem.
El punto neurálgico para la Confemin, según Franco, es que el Estado solo podrá destrabar la formalización de la Mape aumentando los documentos válidos para acreditar acuerdos entre los pequeños mineros y los titulares de las concesiones.
Franco dice que le pidieron al Minem que presente su proyecto de ley a más tardar el 15 de abril. Al respecto, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, comentó que la cartera ya presentó “una primera aproximación” al Consejo de Ministros.
Pero también remarcó que conocer el planteamiento va a demorar. “Todavía es muy pronto para saber qué medidas va a tomar el Poder Ejecutivo en relación a esta decisión del Congreso. Nosotros vamos a estudiar en principio la opinión del Minem y recogeremos opiniones de otros sectores como Justicia y Ambiente. Luego de ello haremos pública la posición del Ejecutivo al respecto”, aseveró el primer ministro.
Necesidades
Gestión consultó al Minem por detalles sobre lo que se planteó a las bases mineras el mismo jueves que se dio la reunión, sin éxito. A raíz de lo que este diario conversó con la Confemin, se volvió a preguntar. En respuesta la cartera indicó que “dado que el documento (el proyecto de ley) está en elaboración” no darán más comentarios por el momento.
Franco indica que el Minem no dio detalles de su propuesta de ley en la reunión, solo reafirmaron su compromiso de impulsarla. Sin embargo, sí tomaron nota de cuáles debería ser el contenido de la normativa Mape bajo la mirada de la Confemin.
El punto clave es que no sea solo el contrato de explotación el único documento válido para acreditarse frente al Estado como pequeño minero formal. “¿Puede el Estado formalizar a mineros artesanales en un terreno que no les pertenece? No se puede. El 97% de los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) trabajamos en concesiones de terceros”, refiere Franco.
El presidente de la Confemin indica que por eso su organización propone que se consideren otras figuras para acreditar acuerdos de operación entre los titulares y los mineros artesanales.
“Podrían contemplarse otras autorizaciones como sociedades, joint ventures, alquileres. Nuestra labor es eventual en zonas no utilizadas por las grandes mineras. Del área conjunta de todas las concesiones en Perú, solo el 4% es área efectiva de operación”, explica.
Solo con esa apertura, la Confemin estima que el 70% de los inscritos en el Reinfo podrían culminar su formalización. A consideración de Franco, la ley Mape debería contar con un apartado referido a la “minería tradicional”, en referencia a las pallaqueras, mineros que seleccionan manualmente rocas con contenido de metales preciosos.
“Son como ambulantes. Venden fruta en una temporada, cuadernos en otra, pero minería también. Lo que planteamos es que emitan liquidación de compras, no recibos o facturas. Aparte que presenten una declaración jurada donde se comprometan a no generar impacto ambiental”, propone el presidente de la Confemin.
La Confemin asegura que la actividad de los 500 mil mineros artesanales peruanos significa 2 puntos del PBI, mueve S/ 6 mil millones anuales y representa el 56% de la producción de oro nacional.
Los pendientes en el Congreso
La vigencia del proceso de formalización minera a través del Reinfo se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2024, según la Ley N 31388, aprobada durante el Gobierno de Pedro Castillo.
Si bien el Minem ahora indica estar trabajando en una ley Mape, lo cierto es que Perú ya debería contar con esta norma vigente. En la referida ley aprobada en 2021, se estableció que el Poder Ejecutivo tenía 180 días para presentar dicha propuesta de ley al Congreso. Ese plazo venció en junio del 2023, sin resultados.
“Es omisión de funciones porque no cumplen con la ley, ese es el único camino para formalizar”, recalca Franco.
Mientras tanto, en el Congreso se mantiene en agenda del pleno un dictamen conjunto que propone reabrir la inscripción de nuevos mineros en el Reinfo por 90 días, sin modificar la vigencia del mecanismo, como ya señaló Gestión.
Este planteamiento no se aplicaría en Madre de Dios. Para este departamento hay otro proyecto, que busca establecer un régimen de solicitud y otorgamiento de concesiones mineras específico para zonas habilitadas en la región.
Para acceder a este esquema, los mineros deberán estar inscritos en el Reinfo, haber presentado los instrumentos de gestión ambiental pertinentes, y haber declarado su producción minera semestral.
Este proyecto llegó a estar en agenda del pleno en octubre del 2023, luego de recibir un dictamen favorable en la Comisión de Energía y Minas. Sin embargo, en diciembre el Pleno decidió derivarlo a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología para que vuelva a ser discutida.
El autor de esta propuesta para Madre de Dios fue el congresista Eduardo Salhuana, quien tras la derogatoria del decreto que aceleraba los plazos de formalización, señaló a Gestión que analizaría presentar otros proyectos de ley en torno a la Mape.
“Puede llegar diciembre y no tendríamos ley que reemplace al Reinfo. Voy a desplegar mis esfuerzos para evitar cualquier ampliación que pueda sonar a un apañamiento de la minería ilegal”, apuntó el legislador de APP.
Para el presidente de la Confemin solo una ley específica para la Mape sería efectiva. “Es el único camino. El Reinfo es un total fracaso. Por eso no queremos que se amplíe su vigencia, sería más de lo mismo. Nadie asumiría la responsabilidad de la formalización”, considera Franco.
