La minera Poderosa fue nuevamente víctima de un ataque a sus instalaciones luego que criminales derribaran la torre de alta tensión que permitía sus operaciones en Pataz (La Libertad), pero esta no es la primera ni segunda vez que atacan la empresa.
Hace menos de dos meses, en diciembre del 2023, la Poderosa sufrió un atentado que dejó un saldo de 9 trabajadores fallecidos y en los últimos tres años viene reportando reiterados ataques por parte de mineros ilegales.
Para el ex ministro de Energía y Minas (Minem), Miguel Incháustegui, esto evidencia una desprotección y falta de acción de parte del Gobierno que en un mediano a largo plazo podría afectar la inversión del sector minero.
Si bien no se ha visto una caída en la inversión minera luego del atentado de diciembre, Incháustegui señala que, si continúa esta situación, algunas empresas probablemente tomen la decisión de trasladar sus operaciones a otro país.
“Lamentablemente si no se toma acción a esta situación, el nivel de inversión va a ir bajando, obviamente no se ve tan rápido, pero sí se puede ver en los siguientes años”, comentó a Gestión.
Si bien el Gobierno, en el Plan Unidos, tiene previsto un destrabe de proyectos con una inversión de US$ 4,646 millones hasta el 2025, estos podrían verse desalentados.
El año pasado ya se veía una menor inversión minera. El último reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) proyecta que la inversión del sector habría caído 14.1% en el 2023, mientras que solo crecería 5.1% en 2024 y 4% en el 2025.
Aunque la inversión se redujo el año pasado debido a que se concluyó la construcción del proyecto Quellaveco, los especialistas recuerdan que tampoco se están generando nuevosproyectos grandes para el sector minero.
Y la situación de inseguridad no solo podría ahuyentar la inversión minera sino a cualquier tipo de actividad económica, indica el ex titular del Minem, Carlos Herrera Descalzi, pues estos ataques hacen que las empresas de capitales extranjeros reconsideren continuar negocios en países con estos problemas.
“Cuando se deben realizar inversiones en países donde existen estos riesgos, no solo se piensa en el dinero que se tiene que invertir también piensa en su personal porque pueden sufrir riesgos de extorsiones, riesgo de secuestro, entre otros. desalienta de alguna manera que vengan más empresas y hacen que otras se vayan”, señala.
Retraso en las medidas
Para evitar que vuelva a caer e impulsar que las inversiones se puedan desarrollar, los ex titulares del Minem sostienen que se necesita promover con mayor fuerza y urgencia un ambiente de confianza. Esto implica combatir la minería ilegal que, según un estudio de la Sociedad Nacional de Minería, afecta al 2.5% del PBI y llega a ser una actividad ilegal que mueve más recursos que el narcotráfico.
Herrera sostiene que, con un mejor panorama, el Perú podría aprovechar su riqueza minera y el próximo incremento en la demanda de minerales a nivel global.
“(El Perú) Podría tener inversiones gigantescas en la medida que dé buenas señales. La primera señal tiene que ser de gobernabilidad, un gobierno que sea estable, y otra es una señal de seguridad y eso no hay”, afirma.
Con esta inseguridad, agrega, el Gobierno debe tomar la palabra con medidas fuertes coordinadas con la policía o el Ejército. Incháustegui coincide en que la clave para mejorar la situación de inseguridad está en actuar en vez de solo decir lo que se va a hacer.
El exministro recordó que el Gobierno anunció, luego del atentado de diciembre a la minera Poderosa, que se crearía una comisión para combatir la minería ilegal, pero hasta el momento ésta aún no sesiona.
“Creo que, en corto, lo que debería hacer el gobierno es tomar acción y hacer un plan en esa zona, creando una base para combatir la minería ilegal y eso no es para una semana, es por lo menos para 6 meses a un año y se necesita un presupuesto para eso”, refiere.
Sin embargo, señala que el presupuesto para combatir la minería ilegal se ha ido reduciendo en los últimos años. Incháustegui indica que en el 2019 este presupuesto ascendía a cerca de S/ 136,000 y ahora está más cerca de los S/ 89,000, lo que implica que ahora solo representa un 0.49% del total del presupuesto del Gobierno central.
Para Incháustegui otra medida que permitiría luchar contra la minería ilegal sería mejorar el proceso para impulsar la formalización de la minería artesanal, donde hay alrededor de 400 mil trabajadores, que si se formalizan podrían generar 1.6% al PBI del Perú.
