La recesión económica, la lucha por el agua en medio de la sequía, nuevas acciones de protesta, entre otros factores, aumentan el riesgo de un nuevo ciclo de conflictividad social contra la minería, similar al vivido entre fines del 2022 y comienzos del 2023. A ello se sumó el último sábado el ataque con explosivos perpetrado por mineros ilegales coludidos con el crimen organizado, contra la empresa minera Poderosa, en Pataz, La Libertad, que dejó nueve muertos y trece heridos.

Por si esto no fuera poco, ahora un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advierte que hay factores en el escenario internacional, que podrían influir en acelerar la conflictividad social asociada a esa industria extractiva en los países andinos, incluido el Perú.

Durante el XXXIV Seminario Anual de Investigación CIES 2023, Lenin H. Balza, economista del sector de infraestructura y energía del BID, refirió que se avizora una demanda acelerada sobre los minerales críticos que se necesitan para la transición energética global.

Explicó que la característica principal de la transición del mundo hacia economías descarbonizadas, es decir con el uso de tecnologías bajas en carbono, si bien significa un menor consumo de hidrocarburos, por el contrario, implica un uso intensivo de minerales.

“Eso significa un escalamiento agresivo a uso de cobre, litio. En próximas décadas, si esos procesos de transición se logran, se necesitará aumentar la producción (de dichos minerales) en más de 400% a 500% (respecto) de los volúmenes que se manejan actualmente”, estimó.

Ese escenario, proyectó, tendrá una implicancia directa en las economías de países andinos afectando a los productores de hidrocarburos como Ecuador, Colombia y Bolivia, aunque dio a entender que sería favorable al Perú.

Industria clave

Comentó en general que la minería es clave para la dinamización de la economía de países andinos, dada la dependencia de sus economías del vaivén de precio de los minerales.

“La pregunta es como manejamos los retos asociados a ese escalamiento agresivo de proyectos mineros, en una región que ha sido caracterizada históricamente por ser muy conflictiva respecto a la exposición de nuevos proyectos en ese sector”, afirmó.

Advirtió que un proceso de transición (energética) acelerado va a implicar un escalamiento agresivo de proyectos mineros, que ”va a ir de la mano con una aceleración en el grado de conflictividad de la ciudadanía alrededor de a los proyectos”.

Retos para el Perú

En el caso del Perú, refirió que tiene que manejar esta expansión del sector minero de forma acelerada, para contribuir con el proceso de descarbonización mundial. Si bien reconoció que ello implica retos al país, no solo desde el punto de vista macro, sino también territorial.

Uno de esos retos, según indicó, es el medioambiental, y que implica desarrollar diversos instrumentos de política pública que logren mitigar el impacto ambiental que esos proyectos mineros traen consigo. “Si queremos avanzar en el grado de apoyo de proyectos mineros hay que avanzar en el proceso de protección al medio ambiente”, puntualizó.

Añadió que una de las principales aristas que el BID considera que es necesario avanzar, es el desarrollo de instrumentos fiscales que mejoren el grado de exposición de las economías regionales al performance de los commodities en el mercado internacional.

Fortalecimiento de la licencia social

Otro de los retos clave, aseveró, es el fortalecimiento de la licencia social entendido como lograr el grado de aceptación y apoyo que las comunidades y otros grupos de interés ejercen sobre un proyecto específico.

Por ello, insistió que es necesario avanzar en conseguir la aceptación y apoyo de la comunidad y grupos de intereses tienen en los proyectos del sector minero si al final del día queremos transitar a economías bajas en carbono.

Refirió que, en el Perú, el grado de aceptación hacia esas iniciativas de inversión de compañías del ramo, es de más del 60%, si bien en otros países de América Latina ese porcentaje -en promedio- es superior.

Otro aspecto para considerar -anotó-, es la búsqueda de soluciones compartidas entre los diversos actores que hacen posible estos proyectos, así como encontrar soluciones de beneficio compartido.

Debatir la minería informal

En ese mismo seminario, Darío Zegarra, country manager de Newmont Perú, consideró que en medio de la demanda de minerales que empuja sus precios al alza, es necesario generar un espacio de debate para entender la complejidad de la minería informal y la ilegal.

Vale recordar que el precio del oro alcanzó esta semana récords de cotización, sobre los US$ 2,100 (la onza troy) ante la expectativa de los mercados que la Reserva Federal (FED) reducirá las tasas de interés en el año nuevo.

Usualmente, los repuntes de precios de metales preciosos como el oro, en el caso del Perú, han llevado al avance en la minería informal como la ilegal. En Madre de Dios la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental estimó que esa actividad al margen de la ley se incrementó en 400% en los últimos dos años.

Elías García Olano – Gestión